Ejercer el mandato Constitucional del Control Público Externo a través de la Fiscalización y Pronunciamiento sobre la legitimidad de la Percepción e Inversión de los Fondos Públicos administrados por los obligados a rendir cuentas, según lo previsto por el art. 256 de la Constitución Provincial, y la prevención de irregularidades de conformidad con la normativa vigente, teniendo en consideración de interés general.